“En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa (sic.) una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita”.
Así reza uno de los fundamentos que esgrime el capitán (sp) Diego Vallejo, a través de su abogado defensor, Juan Pablo Albán, en el escrito del recurso de apelación que interpuso contra la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, el pasado 5 de junio de 2013, en la que se le impuso la pena de un año de prisión correccional por el delito de tenencia ilegal de armas.
Asegura también que a través de este proceso “se ha vulnerado la prohibición constitucional de doble juzgamiento, tomando en consideración que en forma simultánea se ha tramitado otro juicio”, en el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha por asociación ilícita, “basado en los mismos hechos y en la misma evidencia documental, testimonial y material, por el supuesto e inexistente delito de tenencia de armas, de lo cual fueron oportunamente informados los jueces del Tribunal Segundo”.
A decir de Vallejo, los jueces de este Tribunal, al pronunciar su decisión públicamente, reconocieron la existencia del otro juicio, cuando afirmaron que lo que desconocían si el mismo había sido resuelto, constatación para la cual bastaba, agrega, una simple verificación en el sistema informático de la consulta electrónica de causas de la Función Judicial de Pichincha.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario